La Iglesia Centro de Esperanza Viva enfrenta una grave crisis legal por construir su nuevo edificio sobre un terreno donado por la hermana Reina sin realizar la debida verificación de títulos ni formalización legal. El pastor, confiando únicamente en la “buena fe” y omitiendo la asesoría de abogados, ignoró que el terreno era una herencia compartida, lo que permitió que los hermanos de la donante demandaran a la congregación alegando derechos de propiedad previos. Este caso ilustra cómo la informalidad administrativa y la falta de rigor técnico pueden poner en riesgo el patrimonio y el futuro de una institución, transformando un proyecto de fe en un conflicto judicial de difícil solución.
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